La MP de las bets: la prohibición es defendible, la inseguridad jurídica es el problema

El 25 de septiembre de 2026, el gobierno federal dictó una medida provisoria que pone fin de una vez a las apuestas deportivas y a los juegos online (las llamadas bets) en Brasil. El tema divide opiniones, pero el punto que más debería preocupar a quien hace negocios en el país no es la prohibición en sí: es el precedente de inseguridad jurídica que deja atrás.

Qué establece la MP y por qué la prohibición en sí tiene sentido

La medida provisoria firmada el 25 de septiembre determina el fin completo de la explotación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas deportivas y juegos online en el país, abarcando tanto entornos físicos como virtuales y revocando las autorizaciones ya concedidas. El cronograma es apretado: los depósitos nuevos ya fueron prohibidos desde la publicación, los retiros voluntarios pueden hacerse hasta el 5 de octubre, las plataformas cierran el 6 de octubre, y el dinero de los usuarios debe ser devuelto por los bancos entre el 9 y el 14 de octubre.

La justificación del gobierno es de salud pública: las atenciones del SUS ligadas a trastornos de juego crecieron 140% entre 2018 y 2025, y el costo social del sector se estimó en R$ 38,8 mil millones por año. Vista de forma aislada, la preocupación es legítima, y el sector de apuestas de hecho carga riesgos sociales bien documentados en varios países. Cerrar o restringir con fuerza esa actividad es una elección de política pública que un gobierno puede hacer.

El problema real: inseguridad jurídica para quien cumplió la ley

El punto que separa una política pública legítima de un precedente peligroso es cómo trata a quien ya cumplió las reglas anteriores. Y aquí la MP de las bets plantea un problema serio: 85 empresas pagaron R$ 30 millones cada una, un total de R$ 2,55 mil millones, por licencias de cinco años concedidas por el propio gobierno federal después de una ley debatida y aprobada hace dos años y medio. Esas empresas cumplieron la legislación, pagaron la concesión, invirtieron en operación, compliance y publicidad regulada, y ahora tienen la actividad cerrada por medida provisoria, sin indemnización alguna por lucros cesantes o por las inversiones ya realizadas.

Carlos Lima, presidente del Instituto Brasileño de Juego Responsable, resumió el problema: la medida representa una “grave señal de inseguridad jurídica” para inversores que confiaron en las reglas establecidas por el propio Brasil. Juristas escuchados por la prensa fueron en la misma línea, cuestionando si una medida provisoria — instrumento pensado para urgencia y relevancia, no para revocar una ley debatida en el Congreso — es el vehículo constitucionalmente adecuado para ese cambio. Las empresas afectadas ya anunciaron que irán a la Justicia a buscar el resarcimiento de los valores pagados en concesión y de las inversiones hechas en el país.

La lección para quien protege patrimonio: diversificar fuera de esa inseguridad

Episodios como este no quedan restringidos al sector directamente afectado. Cualquier inversor, brasileño o extranjero, los lee como una señal de cómo el país trata las reglas que él mismo creó: si una licencia de cinco años, pagada por completo y en fecha, puede cerrarse por medida provisoria sin indemnización, el mismo razonamiento de riesgo se aplica, en mayor o menor grado, a cualquier sector regulado en Brasil.

Es justamente en ese punto donde la diversificación internacional deja de ser solo una estrategia de rentabilidad y pasa a ser una protección institucional. Estados Unidos ofrece, para quien organiza su estructura correctamente, un ambiente regulatorio estable, con reglas de largo plazo y previsibilidad jurídica reconocida globalmente para propiedad, contratos e inversiones. Dolarizar parte del patrimonio no es abandonar Brasil: es construir una reserva de valor protegida de cambios regulatorios abruptos, en una moneda y un sistema jurídico con historial de estabilidad. EA Financial Advisory existe exactamente para eso: estructurar esa transición con gobernanza, eficiencia tributaria y planificación de largo plazo, para que el inversor lleve su patrimonio a Estados Unidos de forma segura, organizada y sostenible.